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Fue el 22 de octubre de 2021 cuando la entonces presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet (PSOE), decidió retirar el escaño a Alberto Rodríguez, entonces integrado en las filas de Unidas Podemos. El ahora líder de Drago Canarias fue condenado por el Tribunal Supremo a un mes y quince días de prisión, pena que sustituyó por una multa y una pena accesoria de inhabilitación especial para el sufragio pasivo de 45 días, por golpear a un policía durante una manifestación en La Laguna en 2014.Sin embargo, en enero de 2024 el pleno del Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso de amparo del exdiputado y reprendió al Supremo, por 7 votos a 4, por mantener como pena accesoria la inhabilitación que comportaba la pérdida del escaño. Ahora, Rodríguez reclama una indemnización de 134.000 euros al Congreso de los Diputados según adelantó El País. Esta cantidad responde a los sueldos que dejó de percibir desde noviembre de 2021 hasta el fin de la legislatura, en mayo de 2023. La Cámara ha decidido trasladar al Consejo de Ministros la decisión sobre esta compensación económica al ser este el órgano competente según un informe de la asesoría jurídica.