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Cuando los políticos libran una guerra y toman las armas del arsenal del mundo judicial, las batallas se hacen más difíciles de entender. Vemos a un fiscal general investigado por la filtración de unos correos a los que tenían acceso más de 20 personas, vemos a una presidenta de Madrid feliz de esa imputación porque hablamos del fiscal general y no de su pareja –delincuente confeso– y vemos a su jefe de Gabinete convertido en portavoz del Tribunal Supremo por adelantado.
Por difícil que parezca, se confirma que es posible que la polarización vaya a más. La semana empezó con la querella que el PP presentó contra el PSOE -querella que Anticorrupción rechaza- y va a terminar con el enfrentamiento por la imputación del fiscal general del Estado.
La decisión del Tribunal Supremo de encausar nada menos que al Fiscal General del Estado para averiguar quién filtró un mail nos aboca a una serie de interesantes preguntas. ¿Daña las instituciones el bulo del jefe de gabinete de la presidenta madrileña diciendo que fue el Ministerio Público el que propuso ese pacto? ¿Daña las instituciones que el Supremo quiera matar moscas a cañonazos?
