El Fiscal General del Estado, imputado por los correos que desmentían el bulo de Miguel Ángel Rodríguez sobre el novio de Ayuso, no por la nota aclaratoria de la Fiscalía

Por difícil que parezca, se confirma que es posible que la polarización vaya a más. La semana empezó con la querella que el PP presentó contra el PSOE -querella que Anticorrupción rechaza- y va a terminar con el enfrentamiento por la imputación del fiscal general del Estado.

Europa afronta un debate clave: si copia el plan de Meloni en Italia y deporta a países terceros a las personas migrantes. A su vez, España se enfrenta a otra urgencia social cuyo clamor ha llegado a las calles: el precio de los alquileres y el acceso a la vivienda. Con esa permanente tensión de fondo y con el Gobierno en una precaria situación parlamentaria, la legislatura parece condenada a preguntarse continuamente cuánto puede aguantar así. El PP dice en público que la legislatura no da más de sí. En privado, en cambio, tiene otra impresión, según admitió el vicesecretario del partido, Elías Bendodo, en una reunión a puerta cerrada.

Después de la multitudinaria manifestación por la vivienda que se produjo en Madrid, cuando el presidente del Gobierno anunció que el Consejo de Ministros de esta mañana iba a llevar los 200 millones para el bono del alquiler. Ocurre que Sumar, que forma parte de ese Consejo de Ministros, habla de parche.